Cualquier persona puede conseguir, en menos de una semana y con un sencillo trámite vía Internet, una copia de la declaración jurada de la Presidenta y de sus ministros. Pero sólo a una minoría del país le es posible conocer los bienes de los gobernantes de sus provincias.

A pesar de que todos los gobernadores y sus funcionarios están obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales, en la mayoría de las provincias esos documentos son secretos o sólo se abren ante una orden judicial.

Esa es la situación en 12 de los 24 distritos del país, de acuerdo con un relevamiento que hizo LA NACION a partir de un estudio de la Oficina Anticorrupción (OA). En otras 5 provincias las declaraciones no son secretas, pero para acceder a ellas hay que superar trámites engorrosos de resultados inciertos. Sólo en 7 distritos los detalles patrimoniales de los gobernantes son públicos, por lo menos en parte.

"Esto demuestra la falta de transparencia en las provincias. Las declaraciones juradas no son un instrumento infalible, pero permiten monitoreos externos para prevenir la corrupción", dijo a LA NACION Christian Gruenberg, director de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

"En el mundo ya no se discute el derecho ciudadano de conocer el patrimonio de un funcionario cuando entra y cuando se va de su cargo", agregó.

Las declaraciones juradas son un instrumento de prevención de los delitos contra la administración previsto en la Convención Interamericana contra la Corrupción, a la que la Argentina adhiere desde 1997.

Allí se establece que en los países federales las provincias deben adecuar su legislación a las normas nacionales. Las declaraciones de los funcionarios de la Nación son públicas desde fines de 1999, con la sanción de la ley de ética pública.

Tres años más tarde, la Justicia abrió una causa por ocultamiento de bienes contra el ex presidente Carlos Menem, que ya está en etapa de juicio oral. Este año comenzó una investigación sobre los bienes de los Kirchner, como consecuencia de la publicación de la evolución patrimonial de la pareja presidencial.

La reserva es ley

Las provincias en las que prevalece el secreto son Entre Ríos, Río Negro, San Luis, Formosa, Santa Cruz, Neuquén, Catamarca, Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Fe y Corrientes. En Formosa, la situación es aún peor, ya que el gobernador y sus funcionarios no están obligados a declarar sus bienes, según denunció el diputado provincial Martín Hernández (UCR).

"La Constitución provincial lo prevé, pero la Legislatura se niega a dictar una ley reglamentaria", dijo Hernández a LA NACION.

Algo parecido pasa en San Luis, donde no hay ley reglamentaria del artículo constitucional que establece la obligatoriedad de las declaraciones juradas. "Esa omisión se utiliza como chicana formal para no ejecutar la Constitución", dijo a LA NACION el diputado provincial Juan José Laborda Ibarra, denunciante en la causa que, por enriquecimiento ilícito, se inició en 2000 contra Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Ambos fueron sobreseídos por la justicia federal local.

En Entre Ríos hubo un intento de hacer más accesibles las declaraciones juradas, pero el proyecto que el Poder Ejecutivo envió en 2006 no se aprobó aún en la Legislatura. También en Santa Cruz, donde Néstor Kirchner gobernó de 1991 a 2003, el gobernador Daniel Peralta prevé impulsar cambios en la legislación.

A las provincias en las que las declaraciones son secretas se suman los distritos donde las restricciones hacen casi imposible el acceso a esos documentos: Chaco, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y San Juan.

En Chaco y en La Pampa se accede a una versión sintética de las declaraciones juradas. Está prohibido obtener copias de los documentos y sólo se permite tomar nota.

El acceso es más difícil en Mendoza, donde se pueden pedir las declaraciones, pero la procedencia de las solicitudes es evaluada por el fiscal de Estado. En Buenos Aires, quien reclama debe demostrar un "interés legítimo o la existencia de un interés público comprometido".

En San Juan tampoco se puede acceder a las declaraciones juradas. La ley prevé que la Escribanía Mayor de Gobierno brinde informes sobre esos documentos, pero sólo ante pedidos fundados.

Entre los distritos en los que los detalles patrimoniales de los funcionarios son públicos por ley, Córdoba y la Capital son los de más fácil acceso. Tierra del Fuego va camino de una opción superadora: la gobernadora Fabiana Ríos (ARI) está publicando en estos días las declaraciones en el sitio de Internet de la provincia.

En Salta y en Chubut se accede a un protocolo en el que se consignan detalles de las declaraciones. El acceso libre a los documentos también se da en La Rioja y Santiago del Estero.

Las declaraciones juradas son un instrumento de prevención de los delitos contra la administración pública previsto en la Convención Interamericana contra la Corrupción